El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido utilizar todos los organismos del Estado Nacional que le permitan someter a su merced o a la de sus jefes políticos, la fortuna, el honor y esperamos que no la vida, de personas que no concuerdan en todo con el punto de vista del gobierno y tienen la osadía de publicarlo en medios de difusión. El último acto de la guerra personal y pública de quienes ejercen el poder político ejecutivo contra un grupo económico con intereses en medios de comunicación masivos, ha sido la Resolución SC Nº 100/2010, por la que se caduca, con efecto retroactivo y sin otorgar derecho a defensa, la licencia para prestar servicios de telecomunicaciones a una empresa de dicho grupo.

La presente ley tiene por objeto principal la conformación de un Sistema Integral de Seguridad Pública y Ciudadana en el que se establezcan y ejecuten un conjunto de intervenciones estatales que garanticen una mejora sustancial en los niveles de seguridad pública y ciudadana de la comunidad argentina al ampliar el concepto de seguridad reconociendo que éste debe incluir la prevención social del delito, la participación activa de los ciudadanos en el diseño y ejecución de la políticas públicas, la protección civil junto a la gestión de riesgos, emergencias y desastres, el reconocimiento de la colaboración de las actividades de seguridad privada y la reorganización de estructuras en funcionamiento que requieren actualización o modernización.

La presente ley tiene por objeto modificar la dependencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), actualmente en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia (SI), de modo que ésta pase a la órbita del Poder Judicial de la Nación.